El aguinaldo busca frenar la caída del consumo y el endeudamiento en Tucumán

En respuesta a la profunda parálisis comercial y al crítico estado financiero que asfixia a las familias tucumanas, el Poder Ejecutivo provincial oficializó un plan de estímulo mediante el desembolso garantizado del medio aguinaldo para el mes de junio, con el propósito de sostener la paz social y reactivar de manera inmediata los niveles de consumo interno. Esta masiva asignación de recursos públicos busca actuar como un salvavidas macroeconómico tanto para el sector mercantil formal —golpeado por un desplome histórico en sus ventas— como para la masa de trabajadores asalariados, quienes hoy se encuentran atrapados en un círculo de pasivos financieros y pérdida constante del poder adquisitivo.

La planificación financiera dispuesta por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo busca devolver previsibilidad al escenario sociolaboral. Al respecto, el titular de la cartera de Producción y Economía, Daniel Abad (foto inferior) precisó la magnitud del movimiento de fondos que ingresará al circuito formal: “Está asegurado el aguinaldo y, entre el sueldo del mes de mayo y el aguinaldo, aproximadamente unos $350 mil millones se volcarán al mercado”.

Esta inyección masiva llega en un momento de extrema vulnerabilidad para los tucumanos. Los datos oficiales del INDEC reflejan un desajuste en los ingresos: en marzo de 2026, los salarios del sector público provincial crecieron un 4,7% mensual (frente al 5,8% del subsector nacional), acumulando una suba del 9,7% respecto a diciembre y un 31,8% interanual. Sin embargo, estas actualizaciones salariales quedan cortas ante una realidad alarmante, donde casi el 37% de los hogares de la provincia debe consumir sus propios ahorros para cubrir los gastos indispensables de subsistencia cada mes, de acuerdo a un informe de Argendata Fundar.

El diagnóstico gubernamental coincide con la urgencia que se percibe en las calles. El ministro Abad describió con crudeza la realidad que enfrentan los hogares tucumanos al señalar que “la gente tiene dos problemas: uno, que no llega a fin de mes; y el otro, que está muy endeudada. Esperemos que el aguinaldo le sirva un poco para cancelar las deudas y otra parte para gastar”.

La radiografía del sector privado confirma los peores temores. Según informes de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán y la Federación Económica de Tucumán (FET), la actividad mercantil en la provincia padece una retracción interanual que oscila entre el 12% y el 18%, cifras que duplican la media nacional debido al impacto regionalizado de la crisis. El desmoronamiento de las ventas físicas colocó a los empresarios locales en una encrucijada de rentabilidad nula o baja, donde más del 57% de los locales comerciales apenas llega a cubrir de forma parcial sus obligaciones fijas básicas, provocando ya el cierre y la reconversión forzada de cerca del 8% de los comercios hacia formatos informales o showrooms.

Esta falta de liquidez provocó una mutación desesperada en los hábitos de los consumidores: las familias han dejado de adquirir bienes no esenciales para financiar la compra de alimentos mediante el uso intensivo de tarjetas de crédito. Esta mecánica de "pagar el mínimo del resumen solo para liberar margen y volver a comprar comida" disparó los niveles de morosidad, situando el atraso en plásticos regionales por encima del 20%, un fenómeno de asfixia que se enmarca en una crisis de deuda personal que ya afecta a más de 6 millones de ciudadanos en todo el país.

Desde el Ministerio de Producción y Economía concluyeron que mantener el cronograma salarial en tiempo y forma representa una política activa indispensable para apuntalar el circuito de pagos, sostener el empleo y brindar previsibilidad en un entorno macroeconómico complejo, confiando en que estos fondos actúen como un dinamizador del devaluado comercio de cercanía.